De acuerdo con el reciente Informe sobre la Conectividad Mundial de 2022, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), “(…) un tercio de la población mundial sigue sin tener acceso a Internet y muchas de las personas que disponen de dicho acceso carecen de una conexión efectiva (…) Privar a una gran parte de la población de las posibilidades que ofrece Internet es inaceptable y costoso, ya que obstaculiza el desarrollo económico y agrava las desigualdades. La pandemia de COVID-19 ha conducido a una fuerte adopción y utilización de Internet. A quienes tuvieron el privilegio de estar conectados, Internet ofreció una medida de continuidad. Sin embargo, respecto de los demás, la pandemia agravó el costo de la exclusión digital.” ([1])

A su vez, el mencionado Informe nos detalla los grandes retos para el decenio 2020-2030, y llama poderosamente la atención que –de acuerdo a los estudios realizados por la UIT a nivel internacional–, la brecha de cobertura es mínima si la comparamos con la brecha de utilización, que afecta a un alto porcentaje de la población que estando dentro de la zona de cobertura de una banda ancha móvil, y podrían conectarse, no lo hacen. Y ello según este Informe, tiene su razón en cinco brechas, y me interesa detenerme en las dos primeras: (i) la brecha de ingresos: el nivel de utilización de Internet en los países de renta baja (22%) sigue siendo muy inferior al de los países de renta alta, que están cerca de la utilización universal (91%) y (ii) la brecha entre las zonas urbanas y las rurales: la proporción de personas que utilizan Internet en las zonas urbanas es el doble que la que se observa en las zonas rurales. 
Para el caso de nuestro País, podríamos considerar el siguiente gráfico:

Brechas de Asequibilidad

Lo anterior nos indica que, aunque los esfuerzos por incrementar la infraestructura para poder ampliar el acceso a Internet tengan un notable éxito, no va a concretarse los resultados esperados (impacto positivo en el PBI) si es que la población no cuenta con recursos suficientes para poder pagar las tarifas (por mas competitivas que sean), poder adquirir los equipos terminales (ya sea un celular que permita 4G o una computadora) y saber como usarlos para pasar del internet del consumo, al internet de la producción.

Por ello, en muchos foros y estudiosos del tema, han venido sosteniendo tiempo atrás, en la necesidad de que se establezca un régimen de “subsidio a la demanda”, es decir, que dejemos el esquema de “subsidio a la oferta” que es el que se ha venido implementando en Perú con el fondo de acceso universal (FITEL), siendo ejemplo, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, los Proyectos Regionales, y los Proyectos FITEL que años atrás, financiaron telefonía pública en zonas rurales.

Respecto al subsidio a la demanda, a nivel internacional, y especialmente a raíz de la Pandemia, se han acelerado programas para el financiamiento por parte de los Estados, de concursos para la conectividad de la “ultima milla”, esto es, la conexión de los usuarios finales, como los implementados en USA (Plan América Conectada – CAF), o como en Colombia (Plan de conectividad de ultima milla), entre otros. Hay muchos casos de estudio que podrían servir de referencia.

Desde mi punto de vista, el mercado de telecomunicaciones peruano ha crecido gracias a la colaboración público-privado, en que el sistema de inversión privada y de competencia, generaron un entorno con los incentivos suficientes para crecer. Pero siempre, el modelo debe tener ajustes, ya que las empresas –que tengan ánimo de crecer infraestructura y de prestar servicios ya que ese es su core business—se enfrentan no sólo a la geografía difícil y las ilegales barreras de acceso, sino que además, no existe un marco que haga factible la recuperación de la inversión en plazo razonable, y que la prestación de los servicios se haga sostenibles por si.

Ante ello, alejemos por favor, cualquier atisbo de empresas estatales (pésimos precedentes tenemos en Perú que no debemos repetir), y establezcamos concursos de financiamiento (tanto para CAPEX como para OPEX) de ultima milla, con subsidio focalizado en poblaciones en áreas rurales o de preferente interés social, que sean beneficiarios de bonos por parte del MIDIS por ejemplo, pero teniendo muy claro que se trata de financiamiento para empresas de telecomunicaciones que presten servicios a una cantidad importante de usuarios (a nivel nacional o internacional), ya que tener una concesión vigente no acredita que sea una empresa que quiera hacer crecer la operación. Esto es importante, porque no se trata de atraer a empresas que quieran sólo el CAPEX: El objetivo es que estas empresas crezcan, porque invierten de sus recursos, esto es, que hagan el mercado mas grande.

Algunos se preguntarán: Pero respecto al tema de los subsidios, por cuanto tiempo seria ello? Y luego que finalice el plazo de financiamiento, que hacemos? Esa pregunta debe hacerse en el momento mismo que se establecen las condiciones para poder ingresar al concurso correspondiente: NO podemos permitir que ingresen empresas que no quieran crecer, que no apuesten y jueguen por el Perú, y para ello, hay que atraer a empresas que sean reales empresas de telecomunicaciones, que su estado de pérdida y ganancias dependa de la mayor cantidad de servicios de telecomunicaciones que prestan, es decir, que su perfil de negocios sea la venta de servicios de telecomunicaciones en sí. En suma, que vean un mercado que hacer crecer y no un Estado al cual exprimir. Solo así y con un Estado que respete las políticas del sector y que asegure la estabilidad de las mismas, podremos tener la esperanza de que cuando acabe el financiamiento, la operación se haya mantenido y que haya crecido mas.

En beneficio de la mejor precisión, y dentro del marco del contrato de APP, resulta interesante evaluar un subsidio directo a las tarifas finales, es decir, que el Estado asuma el pago periódico de una parte de la tarifa, lo que seria liquidado entre el MTC y dichas empresas, sin pasar por los Gobiernos Regionales o locales.

A su vez, estas empresas deben poder establecer la mejor forma en que llegan a los usuarios: El Estado no debe tratar de regular cada detalle, porque termina poniéndose una suerte de corsé que complica la operación. Son las empresas privadas las que tienen el know how técnico y deben tener el control operativo. Obviamente, dadas las alternativas que tiene nuestra legislación, es altamente recomendable que sean APPs, en que el diseño, construcción y operación esté a cargo de dichas empresas. El Estado sólo debe poner niveles de servicio: No se fijen en el tornillo o en el alicate…. Después se llenan de observaciones técnicas menores y los proyectos no avanzan.

Por ultimo, tengamos presente que entidades que están siendo conectadas con el Plan Todos Conectados en el Perú (en algunos escenarios con internet satelital) tienen un plazo definido por el financiamiento considerado en los Decretos de Urgencia que los habilitaron: Pero terminado el financiamiento, ¿les van a cortar el servicio? ¿O van a contratar directamente, por emergencia, al mismo prestador de servicios sin concurso público? Seria bueno que todas esas entidades estatales recientemente conectadas, ya tuvieran el Plan de conectividad “B” de carácter permanente en curso.

El Informe de la UIT es muy preocupante, ya que revela que el Mundo esta acrecentando las diferentes brechas, y si no nos ponemos a trabajar juntos, respetando los compromisos contractuales y el régimen que mejor resultado ha evidenciado (por mas que falte mucho, no cabe la menor duda que de lejos ha sido el mejor), nos estaremos jugando el futuro de nuestro País…..otra vez. Y que Dios nos ayude.

Nos vemos en la próxima entrega.


[1] www.itu.int/gcr2022